La investigación revela el esquema de desvíos millonarios y corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, involucrando sobornos, sobreprecios y delitos agravados por funcionarios y empresarios.
Escándalo en el organismo estatal: la trama original
Un proceso judicial de gran repercusión nacional ha puesto bajo la lupa a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) tras descubrirse una organización destinada a facilitar sobornos y desviar fondos destinados a los sectores más vulnerables. El caso involucra a exfuncionarios, operadores vinculados al poder político y empresarios farmacéuticos que montaron un esquema delictivo para obtener ganancias millonarias mediante contratos con sobreprecios y pagos ilegales.
Los principales protagonistas y el modus operandi
Al frente de la maniobra se identificó a Diego Spagnuolo, entonces titular de Andis, en complicidad con Miguel Ángel Calvete, ex presidente de la Federación de Supermercados Chinos y figura central, y a diversos intermediarios. Según el fiscal Franco Picardi, el mecanismo operaba sobre compras reducidas e inmediatamente direccionadas a droguerías amigas del círculo implicado. Los funcionarios autorizaban pagos y garantizaban cobertura institucional, mientras los operadores recibían dinero en efectivo y beneficios personales.
- Spagnuolo gestionaba cobros y coordinaba transferencias a favor de droguerías.
- Calvete constituía el nexo entre los empresarios y los responsables administrativos.
- Ornella Calvete, hija del operador, renunció a su cargo tras allanamientos donde se incautaron US$700.000 en efectivo.
- Audios y chats comprometedores muestran el diseño de la maniobra y los destinos de los fondos.
- Manuscritos hallados en domicilios de los imputados confirman la existencia del esquema corrupto.
Monto del desfalco y repercusiones sociales
La Fiscalía determinó que la trama criminal desvió más de $43.000 millones solo en un año, afectando gravemente a los programas para discapacitados y encareciendo medicamentos claves mediante sobreprecios superiores al 200%. En uno de los casos, un remedio sufrió un aumento del 1900% en tan solo un mes, ejemplificando el alcance del fraude. Parte del dinero saqueado provenía del programa Incluir Salud, orientado justamente a los beneficiarios más necesitados.
Mientras la Justicia ordenaba restablecer pensiones eliminadas, trascendía que Spagnuolo escondía US$82.000 en una caja de seguridad y utilizaba máquinas de contar billetes en su hogar. Sobresalían pagos directos para viajes internacionales y remodelaciones millonarias financiadas con el dinero sustraído.
Chats, audios y manuscritos: las pruebas centrales
La investigación judicial se apoya en una serie de pruebas contundentes que incluyen mensajes de WhatsApp, registros manuscritos y audios entre los implicados. Se analizó cómo los operadores indicaban fechas y montos para la entrega de dinero (“pasar por Defensa a buscar lo tuyo” o “cómo y cuándo hacerse de los dólares”) y cómo Calvete y su entorno manejaban la logística de los pagos. El primero de los mensajes comprometedores sugería la entrega de “cinco palos en efectivo” para viajes pactados, corroborando la ruta de los sobornos.
Chats entre Calvete y su hija Ornella desnudaron excusas para justificar el dinero encontrado durante allanamientos, revelando una dinámica familiar de colaboración ilícita. La renuncia de Ornella al Ministerio de Economía marcó otro punto álgido en la causa, sumando así nombres propios y relaciones directas con la estructura estatal.
El impacto institucional y la respuesta judicial
La causa Andis se ha convertido en emblema de los desafíos que enfrenta el país en materia de corrupción y control estatal. Entre los funcionarios citados a indagatoria figuran quienes ejecutaban contrataciones directas y despidos sin piedad, mientras la Justicia avanza en su evaluación del daño y la responsabilidad administrativa. Tribunales federales indagan sobre las maniobras, y el fiscal Picardi sostiene la hipótesis de asociación ilícita, cohecho y defraudación agravada.
- El operador Calvete fue condenado previamente a cuatro años por explotación e facilitación de la prostitución. Su papel en esta causa refuerza el perfil de operador polifacético en delitos estatales.
- Los audios y manuscritos fortalecen las acusaciones de pago de coimas y transferencia indebida de fondos públicos.
- La ejecución sistemática de recortes de pensiones a discapacitados en paralelo al desfalco pone de manifiesto el grado de crueldad institucional alcanzado.
Perspectivas futuras y demandas ciudadanas
El caso Andis sigue sumando repercusiones políticas, sociales y judiciales, mientras los ciudadanos afectados y organizaciones reclaman sanciones ejemplares y reformas profundas en los sistemas de contratación y control. El seguimiento mediático del expediente y la presencia de nuevas pruebas auguran una extensión de la investigación y el juicio a los implicados. La demanda de transparencia y la restitución de derechos vulnerados continúan siendo prioridad ante uno de los mayores fraudes administrativos de los últimos años.