Organizaciones sociales de Chaco y Corrientes endurecen sus protestas ante el cese de asistencia y programas, acusando al gobierno de Javier Milei, a través del Ministerio de Capital Humano, de 'criminalizar la pobreza' mientras miles de familias enfrentan un escenario de desolación y hambre.
La situación social en el nordeste argentino ha llegado a un punto crítico, con organizaciones piqueteras de Chaco y Corrientes intensificando sus protestas y denuncias públicas.
El epicentro de la confrontación se sitúa en las políticas de ajuste implementadas por el gobierno del presidente Javier Milei, que a través del Ministerio de Capital Humano, a cargo de la ministra Sandra Pettovello, ha discontinuado la asistencia a comedores y la entrega de alimentos, sumiendo a miles de familias en una profunda desesperación.
"Criminalización de la Pobreza": La Denuncia Central
Los referentes de los movimientos sociales, con declaraciones que resuenan en las calles de Resistencia y Corrientes capital, acusan directamente al Ejecutivo de llevar adelante una política de "criminalización de la pobreza". Argumentan que, lejos de brindar soluciones, las medidas oficiales están generando un escenario de abandono y desolación, empujando a los sectores más vulnerables a una situación límite.
La falta de diálogo y la ausencia de respuestas concretas por parte del Ministerio de Capital Humano son los principales puntos de conflicto, que se traducen en cortes de rutas y movilizaciones.
Impacto en Comedores y Familias Necesitadas
El cese abrupto de la ayuda alimentaria ha impactado directamente en la operatividad de cientos de comedores comunitarios en la región, que hoy luchan por sostenerse sin el apoyo estatal. Miles de niños, jubilados y personas con necesidades económicas extremas son los principales afectados por esta decisión. Las imágenes de ollas vacías y las historias de familias que no logran cubrir la canasta básica se multiplican, evidenciando una crisis humanitaria que los líderes piqueteros atribuyen a una política deliberada de asfixia a los más necesitados.
Exigencia de Respuestas y Reconsideración de Políticas
Las organizaciones han elevado un pedido urgente de reunión con la ministra Sandra Pettovello, exigiendo una **reconsideración de las políticas implementadas** y una reactivación inmediata de los programas de asistencia. Alertan que, de no obtener respuestas, las medidas de fuerza se intensificarán, amenazando con un escenario de conflictividad social aún mayor en la región.
La postura del gobierno, que vincula la asistencia a la transparencia y la eliminación de intermediarios, choca de frente con la cruda realidad que denuncian los movimientos sociales y el creciente número de personas que no tienen asegurada su alimentación diaria.