Camilo, capitán de la reserva de San Telmo, ingresó sano a operarse los ligamentos cruzados para debutar en Primera División y falleció en el quirófano por una presunta negligencia médica que investiga la Justicia.

El sueño truncado de un capitán a punto de debutar en Primera

La historia de Camilo encarna una de las tragedias más dolorosas e inexplicables vinculadas a la atención médica en el ámbito del deporte juvenil. Con apenas 18 años de edad y una trayectoria construida con disciplina intachable, el joven se desempeñaba como capitán indiscutido de la división reserva del Club Atlético San Telmo. Aquella mañana de entrenamiento en la que sintió una dolencia en su rodilla coincidió paradójicamente con la noticia más esperada de su vida: el cuerpo técnico le había confirmado su inminente ascenso al plantel profesional de Primera División.

Los estudios de resonancia magnética arrojaron una rotura de ligamentos cruzados, una lesión habitual en el mundo del fútbol que requería una reparación quirúrgica programada y ambulatoria. Luego de evaluar alternativas y realizar los correspondientes exámenes prequirúrgicos de rigor —cuyos resultados confirmaron un estado de salud integral óptimo y sin patologías preexistentes—, se fijó el procedimiento médico para el 25 de junio de 2025 en los quirófanos de la Clínica Espora, en Adrogué.

Acompañado por su madre Ana, su padre, abuelos y familiares, el joven ingresó al centro de salud a primera hora de la mañana con la convicción de iniciar una recuperación rápida que le permitiera regresar a las canchas. La intervención estaba estipulada para desarrollarse en un lapso estimado de dos horas, con alta médica proyectada para esa misma jornada.

La secuencia fatal y el hermetismo en el quirófano

El procedimiento quirúrgico dio inicio formal alrededor de las 07:20 horas. Sin embargo, minutos después de las ocho de la mañana, movimientos atípicos en los pasillos comenzaron a alertar a los familiares que aguardaban noticias. Pasadas las 09:00, las autoridades médicas convocaron a los padres para comunicarles una supuesta descompensación aguda. Poco después se confirmó el desenlace más temido: el anestesiólogo y el cirujano informaron que el joven había perdido la vida tras padecer un paro cardiorrespiratorio prolongado.

La entrega de la noticia y el trato dispensado a la familia en las instalaciones desataron un profundo impacto emocional:

• Ausencia de espacios de contención: A los padres no se les asignó una habitación privada ni acompañamiento interdisciplinario; la despedida del cuerpo del joven se produjo en un sector de tránsito común dentro del pasillo del centro médico.
• Premura para retirar el cuerpo: El personal del establecimiento apuró a los progenitores para desalojar el área con el argumento de liberar la camilla y el sector técnico.
• Resultados de autopsia devastadores: Las pericias forenses ordenadas por la Justicia revelaron un severo daño multiorgánico generalizado, con pulmones y órganos vitales severamente comprometidos como consecuencia de una hipoxia y descompensación no revertida a tiempo.

Las contradicciones sobre el momento exacto del colapso y las versiones encontradas dentro del propio equipo que asistió a la operación impulsaron a la familia a radicar de inmediato la denuncia penal correspondiente ante las autoridades policiales y judiciales de la jurisdicción bonaerense.

La causa penal por homicidio culposo y los testimonios clave

La investigación tramita bajo la carátula formal de homicidio culposo por presunta mala praxis médica. A lo largo de la etapa de instrucción, se tomaron declaraciones testimoniales fundamentales, entre ellas la del cirujano traumatólogo Javier De Franco, quien ensayó deslindar su responsabilidad operativa cargando el peso de los hechos en el especialista a cargo de la sedación y monitorización del paciente.

De acuerdo con las constancias incorporadas al expediente, el cirujano manifestó en sede judicial que no advirtió anomalías hasta que detectó movimientos apresurados detrás de la cortina quirúrgica. Según su relato testimonial, al consultar el estado de la situación, el anestesiólogo Martínez Serana le indicó la suspensión inmediata del acto operatorio debido a que el joven ya se encontraba en una fase crítica sin respuesta y requirió maniobras de intubación de urgencia.

Entre los puntos más controvertidos que analiza la fiscalía interviniente se destacan:

• Falta de alarmas operativas: Ninguno de los profesionales presentes declaró haber escuchado la activación de alarmas sonoras de monitoreo que delataran la caída de signos vitales o la entrada en paro del paciente.
• Sospecha de desatención de cabecera: Se investiga si existió un abandono momentáneo de las funciones de monitoreo continuo en el puesto de anestesia mientras transcurría la intervención.
• Antecedentes procesales previos: La querella familiar constató que el profesional anestesiólogo contaba con antecedentes por denuncias de presunta negligencia y mala praxis anteriores en el mismo ámbito prestacional.
• Frases registradas en la instrucción: En las declaraciones testimoniales se ventiló la existencia de expresiones de encubrimiento tras confirmarse el fallecimiento, orientadas a evitar consecuencias administrativas para los participantes de la cirugía.

La exigencia de justicia y la cadena de responsabilidades

Pese a que el anestesiólogo figura como el primer imputado formal del expediente judicial, la familia del futbolista sostiene que las responsabilidades penales e institucionales deben extenderse al conjunto de la cadena interviniente. Entre los señalados se incluye la responsabilidad civil y penal de la propia clínica que facilita y alquila las salas quirúrgicas sin protocolos exhaustivos de control sobre la idoneidad y antecedentes de los profesionales actuantes, así como la supervisión de los organismos colegiados de la medicina.

El avance del caso se encamina hacia una instancia decisiva mediante la realización de una ampliación de la junta pericial médica, convocada para resolver puntos periciales específicos solicitados por los peritos de parte de la querella. Este informe técnico resultará gravitante para determinar la mecánica precisa del deceso y fundamentar la eventual elevación de la causa a juicio oral y público.

El reclamo encabezado por la madre de Camilo trasciende el dolor particular y se enlaza con el reclamo colectivo de familias que impulsan reformas legislativas estructurales en materia de seguridad del paciente, como la denominada Ley Nicolás. El propósito central radica en erradicar el corporativismo judicial y profesional, garantizar la inhabilitación efectiva de matrículas ante hechos de gravedad comprobada y asegurar que ningún joven deportista vuelva a perder la vida en un quirófano ante la falta de supervisión y humanidad en los actos médicos.