El músico presentó pruebas electrónicas ante la Justicia para demostrar hostigamiento persistente tras ser denunciado penalmente, en una causa compleja marcada por renuncias letradas, antecedentes archivados e inconsistencias periciales.
Lectura exprés
- ¿Qué sucedió?
El cantante Joaquín Levinton aportó registros de mensajería y llamadas ante la Justicia penal para sostener que es víctima de acoso sistemático por parte de una mujer que lo denunció por presunto abuso sexual. - ¿Quiénes son los protagonistas?
El líder de la banda Turf, Joaquín Levinton; su abogado patrocinante, Cristian Colombo; y la denunciante, Paula Íñiguez, quien recientemente cambió de patrocinio tras la renuncia de la abogada Adela González. - ¿Cuándo y dónde se originó la causa?
Los episodios denunciados se sitúan en un período que abarca de 2015 a 2020 en la Ciudad de Buenos Aires, con un expediente judicial inicial del año 2023 reabierto tras una nueva presentación en septiembre de 2026. - ¿Cómo se produjo el contraataque judicial?
A través de la exhibición de capturas de pantalla, enlaces multimedia, llamadas a horas intempestivas y pasajes aéreos que intentan desarticular la cronología temporal expuesta por la parte denunciante. - ¿Por qué es importante el caso?
Pone bajo debate los criterios periciales ante denuncias cruzadas de violencia de género y hostigamiento digital, el rigor probatorio sobre eventos pasados y la validez procesal de expedientes previamente archivados. - ¿Qué medidas investigativas ordenó la Justicia?
La intervención del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para determinar el perfil psíquico de la denunciante y la recopilación de testimonios y peritajes informáticos de ambas partes.
El giro probatorio en el expediente penal contra Levinton
El escenario judicial que involucra al reconocido cantante y líder de Turf, Joaquín Levinton, incorporó una voluminosa serie de elementos periciales orientados a transformar radicalmente el prisma procesal de la causa iniciada en su contra[cite: 2]. Patrocinado por el letrado Cristian Colombo, el artista formalizó ante los estrados del fuero criminal un compendio de intercambios de comunicaciones que abarcan plataformas de mensajería instantánea y redes sociales, pretendiendo demostrar la existencia de una conducta persecutoria unilateral e ininterrumpida que se habría prolongado por más de siete años[cite: 2].
La acusación central fue impulsada formalmente a fines de septiembre de 2026 por Paula Íñiguez, quien promovió una denuncia penal bajo la carátula provisoria de abuso sexual con acceso carnal[cite: 2]. Según el relato aportado al expediente, la mujer sostuvo haber mantenido un vínculo intermitente entre los años 2015 y 2020, marco en el cual afirmó haber sido obligada a participar en prácticas sexuales no consentidas, grabaciones audiovisuales coactivas y agresiones físicas directas[cite: 2]. Entre las imputaciones más severas, la querella incorporó señalamientos de privación ilegítima de la libertad y un intento de asfixia en el contexto de una reunión social privada[cite: 2].
Frente a estos graves señalamientos, la estrategia de la defensa consistió en ventilar no sólo la negativa rotunda a los delitos endilgados, sino también en acreditar que el vínculo carecía por completo de la dinámica descripta por la denunciante[cite: 2]. A través de registros digitales con marcas temporales explícitas, el músico intentó evidenciar cómo la mujer habría insistido reiteradamente en contactarlo, incluso creando múltiples perfiles secundarios toda vez que su usuario principal resultaba bloqueado[cite: 2].
Descargo pericial: mensajes, llamadas y coartadas de viaje
La documentación acercada por la representación letrada del artista compila un exhaustivo historial de interacciones producidas en distintas etapas cronológicas, abarcando conversaciones desde 2023 hasta mediados de 2026[cite: 2]. El análisis preliminar de las capturas incorporadas a la causa arroja patrones que fueron descriptos por los peritos de parte como conductas persistentes de acercamiento:
- Remisión de material fotográfico y videográfico no solicitado: El expediente contiene constancias de envíos de imágenes íntimas, enlaces de reproducción musical y mensajes amistosos o de seducción cursados semanas después de episodios denunciados como traumáticos[cite: 2].
- Comunicaciones fuera de horarios habituales: Se registraron alertas de llamadas y videollamadas efectuadas en plena madrugada a través de aplicaciones directas de mensajería que no obtuvieron respuesta por parte del receptor[cite: 2].
- Mensajes de tenor ambivalente: Se incorporaron secuencias donde expresiones de afecto o intenciones comerciales mutaban intempestivamente en advertencias agresivas o reproches tras producirse el bloqueo digital[cite: 2].
- Contradicción cronológica en fechas clave: La defensa aportó tickets aéreos y comprobantes de estadía en la provincia de Mendoza entre el 22 y el 24 de junio de un año central en la acusación, contrastando directamente con la jornada en que la denunciante fijó uno de los presuntos abusos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires[cite: 2].
De acuerdo con las declaraciones públicas efectuadas por Joaquín Levinton, el detonante de la reactivación penal habría coincidido con su decisión de cortar de manera irrevocable todo canal comunicacional[cite: 2]. El vocalista relató el temor que le generaba tomar medidas restrictivas en plataformas electrónicas debido a las reacciones desproporcionadas que solían suscitarse, manifestando haber padecido episodios de angustia extrema y alteraciones severas en su rutina cotidiana a raíz del asedio[cite: 2].
El derrotero judicial: el antecedente archivado en 2024
Uno de los puntos medulares que concentran la atención de los funcionarios judiciales radica en el historial procesal que precede a la actual presentación[cite: 2]. Ya en el año 2023 se había formalizado una denuncia con acusaciones idénticas ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 6[cite: 2]. No obstante, el 10 de junio de 2024 las autoridades judiciales resolvieron disponer el archivo administrativo de las actuaciones[cite: 2].
En aquella oportunidad procesal, el informe actuarial consignó que la denunciante manifestó expresamente su voluntad de no continuar impulsando la acción penal[cite: 2]. En una entrevista mantenida con las autoridades de la sede judicial, la mujer adujo sentir temor de sufrir eventuales represalias personales[cite: 2]. Aunque en un primer momento el expediente pareció encaminarse a un cierre definitivo, el 19 de junio de 2024 la jueza interviniente dictaminó que dicho archivo no podía tenerse por plenamente consentido[cite: 2]. La magistratura evaluó como hipótesis prioritaria la posibilidad de que la denunciante hubiera obrado bajo coacción o intimidación externa para desistir de la persecución penal[cite: 2].
Ante tal escenario de sospecha, la judicatura encomendó formalmente la realización de amplias evaluaciones psicológicas y psiquiátricas a cargo del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación[cite: 2]. La directiva pericial buscaba desentrañar los rasgos fundamentales de la personalidad de la denunciante, indagar si existían indicadores traumáticos compatibles con situaciones de violencia sexual y descartar eventuales componentes fabulatorios o distorsiones de la realidad fáctica[cite: 2]. Sin embargo, la efectivización plena de dichas pericias quedó postergada en el tiempo debido a la incomparecencia de la parte acusadora[cite: 2].
Renuncia letrada y la complejidad del debate procesal
La causa sumó un nuevo foco de conmoción procesal a partir de la renuncia indeclinable notificada por la abogada que patrocinaba inicialmente a Íñiguez, la doctora Adela González[cite: 2]. A través de un pronunciamiento oficial emitido por su estudio jurídico, la profesional comunicó su apartamiento definitivo invocando diferencias insalvables de criterio personal y profesional amparadas bajo el secreto de la matrícula[cite: 2]. El comunicado concluyó con una sugestiva aclaración donde ratificó el compromiso histórico de su firma en brindar una labor profesional enfocada en el resguardo estricto de las víctimas[cite: 2].
Tras la dimisión de González, trascendieron gestiones para que la representación querellante fuera asumida por la abogada Ana Rosenfeld, quien se encontraba analizando las fojas del expediente y la verosimilitud de las pruebas antes de aceptar formalmente la constitución como parte querellante en tribunales[cite: 2]. En tanto, allegados a la denunciante señalaron que la mujer atraviesa un cuadro severo de desestabilización emocional, crisis de pánico y aislamiento producto de la exposición pública de los hechos[cite: 2].
En el plano clínico y contextual, especialistas forenses remarcaron la necesidad de analizar minuciosamente el estado integral de salud de los involucrados en las fechas investigadas[cite: 2]. El propio Levinton, quien en diciembre de 2025 superó un infarto agudo de miocardio que lo obligó a someterse a estrictos tratamientos cardiológicos permanentes, hizo hincapié en que su presente dista de los hábitos de consumo conflictivo del pasado[cite: 2]. Mientras el cantante cumplió con compromisos artísticos programados en la provincia de Córdoba respaldado por seguidores y colegas, el tribunal penal se apresta a ordenar peritajes tecnológicos cruzados sobre los teléfonos celulares incautados para determinar si los elementos configuran la comisión de un delito de instancia privada o si demuestran una falsa imputación penal enmarcada en una dinámica de hostigamiento[cite: 2].