A prisión y sin candidatura para las próximas elecciones. Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a 6 años de cárcel al encontrársele responsabilidad en el desvío de fondos e irregularidades.

A prisión. La Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó este 10 de junio la condena de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La 'Causa Vialidad' es uno de los casos de corrupción más resonantes de la historia reciente en el país.

La causa examinó posibles actos de direccionamiento en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz durante las gestiones kirchneristas. Aunque la sentencia se emitió en diciembre de 2022, su ratificación por el máximo tribunal la convierte en definitiva. A los 72 años, CFK podría acceder a prisión domiciliaria, aunque el Tribunal Oral Federal 2 todavía debe resolver aspectos relacionados con la aplicación de la pena.

¿Por qué CFK irá a prisión? las claves detrás de su condena

La Corte Suprema dejó firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua contra Cristina Kirchner y otros implicados en la causa Vialidad, emitida en 2022 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 2. Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso encontraron responsabilidad en el desvío de fondos y en las irregularidades vinculadas a la asignación de obras públicas en Santa Cruz.

En noviembre pasado, la Sala IV de la Cámara de Casación, compuesta por los magistrados Gustavo Hornos, Mariano Hernán Borinsky y Diego Barroetaveña, ratificó la sentencia en un fallo de más de 1.600 páginas. Rechazaron los recursos tanto de las defensas como de la fiscalía. Por mayoría, Borinsky y Barroetaveña descartaron la figura de asociación ilícita, mientras que Hornos, en disidencia, consideró que sí correspondía aplicarla.

Asimismo, la resolución del máximo tribunal confirmó las absoluciones de Julio De Vido, Abel Fatala y Héctor Garro, así como el sobreseimiento de Carlos Kirchner por prescripción. Además, la Sala IV homologó el decomiso de aproximadamente 84.000 millones de pesos, fondos que deberán ser devueltos al Estado. Esta suma representa el dinero involucrado en las maniobras investigadas.

La resolución de la Corte Suprema de Justicia

Se conoció la resolución de la Corte Suprema de Justicia argentina respecto al caso de CFK. La Corte rechazó la queja presentada por la defensa de Fernández de Kirchner. La exmandataria fue hallada culpable de administración fraudulenta por beneficiar con 51 licitaciones de obra pública a empresas de Lázaro Báez en Santa Cruz.

La defensa alegó falta de imparcialidad judicial, violación al principio de congruencia y nulidad por prueba no controlada. También denunció un caso de “gravedad institucional”, pero no aportó pruebas concretas. La Corte consideró que los argumentos eran conjeturas sin sustento suficiente ni relevancia jurídica para revertir la condena.

El fallo indicó que no se vulneró el derecho de defensa ni se alteró la base de la acusación. Se afirmó que los jueces valoraron las pruebas conforme a la ley y que las irregularidades detectadas en las obras fueron acreditadas con peritajes y documentos oficiales. La defensa no logró desvirtuar estos elementos ni justificar sus reclamos.

Finalmente, la Corte sostuvo que el proceso respetó las garantías constitucionales y que las penas aplicadas son las que establece el Código Penal. Consideró que no se trató de una persecución política, sino de una decisión fundada en derecho. Por tanto, se desestimó la queja y se ordenó archivar la causa.

Los hechos juzgados y la participación de CFK

La causa Vialidad abordó 51 procesos de licitación para obras viales en rutas de Santa Cruz entre 2003 y 2015. Según la Justicia, se llevó a cabo una maniobra fraudulenta que afectó al Estado, favoreciendo de forma sistemática a Austral Construcciones SA, empresa creada poco antes de recibir una gran cantidad de contratos sin competencia real. A pesar de numerosas irregularidades detectadas en cada adjudicación, la compañía continuó accediendo a fondos públicos sin restricciones.

Incluso en los años de crisis económica, entre 2008 y 2009, la empresa recibió prioridad en el flujo de recursos. Tras el cambio de gobierno en 2015, abandonó abruptamente las obras, en lo que se conoció como el “Plan limpiar todo”. La Justicia comprobó que otras empresas vinculadas a Lázaro Báez también resultaron beneficiadas. Estos procesos fueron realizados por la Administración General de Vialidad Provincial con aval de la Dirección Nacional de Vialidad, cuyos exfuncionarios validaron las irregularidades.

La investigación también apuntó al accionar del exsecretario de Obras Públicas, José López, y a una serie de decisiones del Poder Ejecutivo para facilitar la maniobra. La entonces presidenta firmó el Decreto 54/09, que permitió el financiamiento directo de obras a favor de Báez. El juez Borinsky sostuvo que Cristina Kirchner transgredió sus deberes como funcionaria y facilitó el uso discrecional del fideicomiso del gasoil, lo que generó un perjuicio de al menos 84 mil millones de pesos.

La sentencia también detalló las advertencias que ignoró, incluyendo informes jurídicos, denuncias por cartelización, vínculos comerciales con Báez y mensajes de José López que reflejaban coordinación para encubrir el delito.