El presidente Javier Milei vetó el aumento de haberes para jubilados, generando un profundo malestar político y social. La medida, que frena un aumento del 7.2% y un bono adicional, fue justificada por el Gobierno bajo el argumento de la falta de fondos
El presidente Javier Milei volvió a utilizar su facultad de veto, esta vez para frenar una ley aprobada por el Congreso que concedía un aumento a los haberes de los jubilados. La medida, que impacta directamente en millones de personas, generó una fuerte polémica y un gran debate en el ámbito político y económico del país.
Un Veto con Argumentos y Controversias
La ley vetada por el Ejecutivo contemplaba no solo un aumento del 7.2% en las jubilaciones, sino también la subida del bono previsional y la reactivación de una moratoria. El gobierno justificó la decisión con su ya conocida premisa de "no hay plata", señalando que el costo de la ley, estimado en 3.13 billones de pesos anuales, sería insostenible para el Estado en su objetivo de alcanzar el déficit cero.
Sin embargo, la medida generó una gran controversia. Críticos del gobierno, como el economista Hernán Letcher, señalaron que la administración vetó la ley a pesar de que su financiamiento provenía de la reasignación de partidas y un fondo anticíclico, por lo que la falta de recursos no sería el verdadero motivo. Letcher resumió la situación con una frase contundente: "Fuerte con los débiles, débil con los fuertes", haciendo alusión a la contradicción de la política económica del Gobierno.
El Destino de los Fondos: De Jubilados a Agroexportadores
El artículo destaca una disparidad significativa. Mientras se vetaba el aumento para los jubilados, el gobierno de Milei destinó una cifra similar, 2.12 billones de pesos, a la reducción de retenciones al sector agroexportador. Esta medida, que beneficia principalmente a los dueños de la tierra, contrasta con el mensaje de austeridad que se aplicó al sector más vulnerable de la población, desatando así una nueva tormenta política en el país.
El veto al aumento de jubilaciones no solo tiene un impacto económico, sino que también tiene profundas implicaciones políticas, dejando al descubierto las prioridades del gobierno y las tensiones entre el poder ejecutivo y el legislativo en el actual escenario político argentino.
