Cada vez son más los testimonios ante la Justicia de esa provincia de personas víctimas de un entramado manchado de corrupción que utilizó sus nombres para engrosar el partido libertario: personas con discapacidad, jubiladxs y analfabetas. Cae con peso propio el discurso anti casta de Javier y Karina Milei.
Hace al menos dos semanas se destapó un nuevo escándalo que puso en jaque -otra vez- la imagen del Gobierno nacional, y el discurso anti casta pierde fuerza. Lo cierto es que en la práctica llevan adelante las peores prácticas que van desde visitar una iglesia gigante en Chaco, cuyo pastor es ahora investigado por lavado de dinero, hasta armados políticos en connivencia con barras bravas, aprietes y extorsión a trabajadores de PAMI para sostener la estructura de LLA con parte de sus salarios. Pero recientemente se sumó un nuevo problema: el uso de personas con discapacidad, analfabetas y jubiladxs para abultar la lista de afiliadxs a La Libertad Avanza en esa misma provincia.
Pero ahora, la investigación que inició días atrás la fiscalía federal de Resistencia, a cargo de Patricio Sabadini, en la que detectó que se realizaron afiliaciones truchas en el partido libertario del Chaco, avanzó: el fiscal tomó nuevas declaraciones y los resultados perjudican al Gobierno nacional: 25 personas fueron citadas a declarar, y 21 de ellas negaron haberse afiliado alguna vez al partido libertario, a pesar de que figuran así en los registros oficiales.
El caso, además de la maniobra bajo investigación por posible fraude, tiene un agravante: muchas de las personas que testificaron son jubiladas, analfabetas o tienen algún tipo de discapacidad.
En ese marco, el fiscal de la causa investiga también si se utilizaron bases de datos estatales para crear las afiliaciones falsas, por lo que, de concretarse esa hipótesis, implicaría un avasallante uso ilegal de información que en realidad debe estar bajo resguardo.
La causa se desprende de una investigación anterior sobre una serie de extorsiones a trabajadores de ANSES y PAMI, a quienes de acuerdo a sus denunciantes, se los obligaba realizar aportes económicos por mes con un porcentaje de su salario para financiar la estructura política de LLA.
La causa tiene un principal sospechoso a Alejandro "Capi" Rodríguez (cercano a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei), presidente de La Libertad Avanza en Chaco y titular de la oficina local de ANSES.
Rodríguez se encuentra bajo investigación bajo la teoría de que utilizó su cargo y poder para acceder a datos privados y fraguar inscripciones al partido sin consentimiento de los afiliados.
