En un fallo histórico, el máximo tribunal del país declaró la inconstitucionalidad de las medidas cautelares que permitían a ciertas tabacaleras evadir un impuesto clave. La decisión, que afecta a la compañía de Pablo Otero, podría significar un ingreso multimillonario para las arcas del Estado y marca un precedente en la disputa fiscal de la industria
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dictado un fallo de gran relevancia que pone fin a una histórica disputa fiscal con la industria tabacalera. Por mayoría, el máximo tribunal resolvió que las empresas del sector deben pagar un impuesto interno que establece la ley, un revés directo para el empresario Pablo Otero, conocido como el "Señor Tabaco", cuya empresa venía evadiendo el pago de este tributo gracias a medidas cautelares.
El fallo de la Corte y el fin de las medidas cautelares
La sentencia, que cuenta con el respaldo de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, revierte fallos de instancias inferiores que habían concedido a la empresa Tabacalera Sarandí el derecho a pagar un impuesto inferior al que marca la ley. La Corte declaró la inconstitucionalidad de las medidas cautelares que permitían esta evasión fiscal, argumentando que no se puede habilitar una "protección judicial que se extiende de modo general e indeterminado en el tiempo" para evitar el cumplimiento de una ley nacional.
El fallo se basa en la Ley 27.430, una reforma fiscal que actualizó los impuestos internos a los cigarrillos para garantizar que todas las empresas paguen una alícuota similar, independientemente de su estructura de costos. La ley establece una base mínima de impuestos que las tabacaleras deben pagar por cada atado de cigarrillos, una normativa que la empresa de Otero, a través de recursos legales, había logrado eludir durante años. Este fallo de la Corte Suprema, que se pronuncia de manera definitiva sobre el asunto, obliga a Tabacalera Sarandí a cumplir con dicha ley y a pagar la deuda acumulada.
Un impacto económico millonario para el Estado
La evasión de este impuesto por parte de Tabacalera Sarandí y otras empresas que utilizaron la misma estrategia legal generó un agujero fiscal significativo para el Estado. Se estima que la deuda que acumuló la compañía de Pablo Otero podría ascender a cientos de millones de dólares, un monto que ahora deberá ser saldado. Esta medida tendrá un efecto directo en las finanzas públicas, ya que el impuesto interno al tabaco es una fuente clave de recaudación para el país.
La decisión de la Corte no solo tiene un impacto económico, sino que también establece un precedente legal crucial. El fallo fortalece la potestad del Estado para exigir el cumplimiento de las leyes tributarias y limita la capacidad de las empresas para utilizar medidas cautelares como una forma de evasión fiscal sistemática. Esto podría significar un cambio en las reglas de juego para toda la industria, asegurando una competencia más equitativa y transparente en el mercado tabacalero.