Lectura exprés

• ¿Qué sucedió? Un grupo de aproximadamente 20 personas armadas con cuchillos irrumpió violentamente en un juzgado de garantías.
• ¿Quiénes son los protagonistas? El juez Nicolás Schiavo, empleados judiciales y un grupo de atacantes presuntamente vinculados al líder narco "Alicho" Alegre.
• ¿Cuándo ocurrió? El ataque principal se produjo recientemente, trascendiendo detalles masivos el 5 de febrero de 2026.
• ¿Dónde fue? En el Juzgado de Garantías N° 5 de San Martín, ubicado en un edificio externo al palacio de tribunales principal.
• ¿Cómo se produjo? Los atacantes ingresaron por la puerta principal ante la falta de seguridad y obligaron a los empleados a improvisar barricadas con chapas.
• ¿Por qué es importante? Representa un hecho de extrema gravedad institucional y deja en evidencia la vulnerabilidad de los funcionarios judiciales frente al crimen organizado.
• ¿Qué consecuencias hay? La Asociación de Magistrados exigió medidas urgentes de seguridad y la justicia investiga al narco "Alicho" como autor intelectual.

El asalto a la Justicia: veinte personas armadas tomaron un juzgado

Un escenario de terror se vivió en las instalaciones del Juzgado de Garantías N° 5 de San Martín, cuando una horda compuesta por al menos veinte personas, portando armas blancas, copó el edificio con el objetivo de amedrentar al magistrado Nicolás Schiavo. El ataque, calificado como un hecho sin precedentes por su magnitud en el departamento judicial, ha puesto en jaque la seguridad de los funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires.

Según los testimonios recogidos en el lugar, la incursión fue sumamente violenta. Ante el avance de los atacantes, quienes portaban cuchillos de gran tamaño, los empleados judiciales se vieron obligados a armar una barricada con chapas en las escaleras para evitar que la muchedumbre alcanzara las oficinas superiores. "Fue una situación dramática", relataron cronistas que recorrieron la zona, destacando que el edificio presenta un estado de abandono alarmante, con carteles rotos y una ausencia total de dispositivos de videovigilancia.

La sombra del narcotráfico: ¿Quién envió a la horda?

La principal hipótesis de la investigación apunta directamente al crimen organizado. Fuentes judiciales y policiales vinculan este ataque con la estructura de Maximiliano "Alicho" Alegre, un conocido líder narco que actualmente se encuentra cumpliendo condena en el penal de Ezeiza. Se sospecha que los agresores serían "soldados" o familiares de detenidos vinculados a su banda, quienes buscarían presionar al juez tras operativos recientes en la zona de Villa Loyola.

• Vínculo narco: La banda de Alicho disputa territorialmente el control del narcotráfico en San Martín contra la facción de "Mameluco" Villalba.
• Detenciones previas: El pasado 23 de enero fueron detenidas 11 personas (8 mayores y 3 menores) con armas y chalecos antibalas, quienes se identificaron como parte de la organización de Alegre.
• Perfil de los atacantes: Los investigadores creen que los agresores son "cuentapropistas" que prestan servicios de custodia y sicariato a los búnkeres de droga de la región.

Fallas críticas en el sistema de seguridad

Uno de los puntos más polémicos tras el incidente es la vulnerabilidad del edificio. Al momento del ataque, solo había un efectivo policial custodiando tres juzgados distintos. Se supo que el personal de seguridad habitual estaba de licencia o había sido retirado del lugar por razones operativas, dejando el acceso libre para los atacantes.

El Dr. Sergio Luis Pilarche, juez de la Cámara de Apelaciones, expresó su profunda preocupación: "Es un hecho lamentable de extrema gravedad que no había ocurrido nunca en 20 años de gestión". Pilarche enfatizó que, si bien los jueces están formados para lidiar con situaciones de riesgo, los empleados administrativos no deberían estar expuestos a tales niveles de violencia.

Reacciones y medidas institucionales

Tras el copamiento, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires emitió un comunicado urgente dirigido a la Suprema Corte provincial. En el documento, se exige la implementación inmediata de:

• Instalación de cámaras de seguridad en todos los juzgados descentralizados.
• Refuerzo permanente de la custodia policial.
• Mejora de la infraestructura edilicia para garantizar la integridad de quienes trabajan en el servicio de justicia.

Por su parte, el juez Nicolás Schiavo brindó declaraciones en la puerta del tribunal, manteniendo una postura institucional: "Es grave institucionalmente, no personalmente. Hay un problema de respeto a la justicia que se ve todos los días". Schiavo comparó la situación con las agresiones que sufren docentes en escuelas y médicos en hospitales, señalando que la violencia contra los funcionarios públicos se ha vuelto una constante preocupante.

La investigación continúa bajo estricto hermetismo para identificar a cada uno de los integrantes del grupo que ingresó al juzgado, mientras se evalúa el traslado de ciertas causas sensibles a edificios con mayores protocolos de seguridad.