La investigadora del INTA Virginia Aparicio enfrenta un sumario administrativo que podría derivar en su exoneración tras liderar el Proyecto Sprint en Argentina, estudio internacional que comprobó una masiva presencia de agroquímicos en personas y alimentos.

La amenaza de exoneración contra una investigadora de carrera

Una profunda inquietud atraviesa a la comunidad científica y académica argentina tras confirmarse que la especialista Virginia Aparicio, referente de la Estación Experimental Agropecuaria INTA Balcarce, enfrenta un sumario administrativo disciplinario que podría culminar con su exoneración definitiva de la administración pública nacional. La medida implicaría no solo la pérdida de su puesto de trabajo en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, sino también la inhabilitación absoluta para ejercer cargos o desarrollar tareas investigativas dentro del Estado.

La persecución administrativa contra la investigadora surge como consecuencia directa de su rol como coordinadora del capítulo argentino del Proyecto Sprint (Transition Paths Towards Sustainable Plant Protection), una iniciativa de investigación multinacional financiada por la Unión Europea a través del programa Horizon 2020. Dicho estudio tuvo como propósito central evaluar de manera sistemática la distribución, presencia e impacto de plaguicidas y agroquímicos tanto en el ambiente como en animales de cría y en el propio organismo humano.

Pese al rigor metodológico y al prestigio internacional del consorcio —integrado por institutos de diez naciones europeas junto a la contraparte argentina—, la difusión de los primeros diagnósticos locales generó fuertes tensiones políticas e institucionales. En lugar de utilizar la evidencia técnica para formular políticas de prevención sanitaria, las autoridades resolvieron abrir un proceso sumarial contra la científica que encabezó los relevamientos en territorio nacional.

Qué es el Proyecto Sprint y qué midió en territorio argentino

El consorcio internacional Sprint fue concebido con el objetivo de identificar la presencia integrada de mezclas de fitosanitarios en diferentes matrices: agua, aire, suelos, alimentos de consumo masivo y fluidos corporales humanos como orina, sangre y materia fecal. Argentina fue seleccionada como país de referencia global extraeuropeo debido a la magnitud territorial y productiva de su modelo agroindustrial de siembra directa y uso intensivo de biocidas.

En el país, el equipo de trabajo conducido por Aparicio seleccionó una muestra testigo de 73 personas distribuidas en distintas áreas de la provincia de Buenos Aires, abarcando tanto a productores rurales y trabajadores vinculados a la aplicación de fitosanitarios como a vecinos de áreas urbanas sin relación directa con el campo. Las determinaciones de laboratorio fueron procesadas en centros de alta complejidad de los Países Bajos y arrojaron cifras sumamente preocupantes:

• Contaminación en el cuerpo humano: El 100% de las 73 personas analizadas presentó mezclas de sustancias químicas en sus organismos, detectándose entre 6 y 13 plaguicidas diferentes en orina, sangre o materia fecal por individuo.
• Presencia en hogares y polvo ambiental: En las viviendas evaluadas se identificó la convivencia cotidiana con rangos que oscilaron entre 43 y 86 residuos de venenos acumulados en superficies y polvo doméstico.
• Alimentos de consumo diario: En las muestras de comida analizadas se halló la presencia simultánea de entre 6 y 22 plaguicidas activos destinados a la mesa familiar.
• Diferencia con Europa: Si bien los diez países europeos evaluados mostraron resultados adversos, los niveles de concentración y cócteles químicos encontrados en Argentina se ubicaron en los escalafones más elevados de todo el estudio comparativo.

El antecedente de 2023: cuando el INTA se bajó del consorcio

Las presiones sobre el equipo de investigación no son recientes. Ya durante el año 2023, en el tramo final de la gestión presidencial de Alberto Fernández, la conducción central del INTA resolvió desvincularse unilateralmente del Proyecto Sprint. La decisión oficial consistió en suspender las actividades conjuntas, impedir la divulgación pública de los informes elaborados y prohibirle a los científicos involucrados brindar declaraciones institucionales sobre las conclusiones alcanzadas.

Dicha censura previa provocó un fuerte cruce epistolar con los coordinadores del consorcio en la Universidad de Wageningen, quienes ratificaron la validez científica y el protocolo ético del relevamiento. Sin embargo, lejos de amortiguarse con el recambio gubernamental, las represalias administrativas recrudecieron hasta derivar en la apertura de un sumario interno que hoy sitúa a Virginia Aparicio a las puertas de la expulsión formal del organismo.

Desde diversos sectores académicos señalan que esta sanción busca sentar un precedente disuasorio hacia el interior de la comunidad científica para evitar que se sigan estudiando los impactos negativos del paquete tecnológico que sostiene a los principales cultivos transgénicos exportables del país.

La voz de la comunidad científica: solidaridad y denuncia

El biólogo, filósofo e investigador del Conicet, Guillermo Folguera, visibilizó la extrema gravedad del caso y remarcó la paradoja institucional que atraviesa el sistema científico argentino. Folguera subrayó que el Estado gasta recursos en perseguir a quienes aportan diagnósticos certeros en vez de diseñar mecanismos de cuidado para la población civil.

El docente de la Universidad de Buenos Aires denunció que el intento de exoneración es completamente infundado y forma parte de una política deliberada de desmantelamiento de los sistemas públicos de monitoreo toxicológico. Según el investigador, durante las últimas décadas los organismos estatales desarticularon los registros periódicos de residuos de venenos en agua y suelo, así como las estadísticas epidemiológicas de enfermedades vinculadas a la exposición ambiental.

En este sentido, Folguera vinculó la situación de Aparicio con otras decisiones institucionales y judiciales adoptadas recientemente en diferentes provincias del país:

• Jurisprudencia en Entre Ríos: Resoluciones judiciales recientes que habilitaron la reducción de distancias de fumigación terrestre y con drones a tan solo 10 metros de viviendas y 15 metros de escuelas rurales, desoyendo los reclamos de comunidades educativas.
• Retrocesos legislativos: El tratamiento parlamentario en provincias como Misiones para frenar o postergar la prohibición progresiva de agroquímicos de uso masivo como el glifosato.
• Cambios en patrones de salud: Informes de equipos médicos universitarios, como los del Instituto de Salud Socioambiental de Rosario, que constatan un incremento sustancial de patologías oncológicas, trastornos tiroideos, afecciones respiratorias e infertilidad en edades medias dentro de localidades agrícolas.

Conflicto de intereses y el rol del Estado

El debate de fondo que destapa el sumario contra Virginia Aparicio radica en la misión histórica de las entidades descentralizadas. Especialistas en toxicología y bioética plantean la necesidad de rediscutir a quién responden las instituciones públicas como el INTA: si a los intereses comerciales corporativos del agronegocio concentrado o a la defensa indelegable de la salud comunitaria y el equilibrio ambiental.

Diversas organizaciones sociales, colectivos ambientales y gremios de profesionales del Estado han iniciado una campaña de recolección de firmas y presentaciones legales para exigir la anulación inmediata del sumario administrativo contra Aparicio y la protección irrestricta de su equipo de colaboradores en Balcarce. Asimismo, reclaman que ministerios y organismos competentes incorporen formalmente la base de datos del Proyecto Sprint para fijar estándares toxicológicos acordes a los consensos internacionales más exigentes.