La lectura de elevación a juicio expuso las tres etapas del circuito de lavado atribuido a la familia Kirchner, sustentado en alquileres simulados y extracciones millonarias a través de su firma inmobiliaria.

El requerimiento de elevación a juicio y la arquitectura del lavado

En los tribunales federales de Retiro concluyó una de las etapas determinantes del juicio oral correspondiente al expediente Los Sauces, la firma inmobiliaria perteneciente a la familia Kirchner. Durante las últimas audiencias, el Ministerio Público Fiscal completó la lectura del requerimiento de elevación a juicio, donde se detalla con precisión quirúrgica el entramado económico diseñado para canalizar y legitimar fondos procedentes de presuntos actos de corrupción estatal.

Frente a las reiteradas preguntas de corte retórico formuladas en declaraciones públicas por Cristina Fernández de Kirchner respecto de dónde se encontraba materialmente el dinero investigado, el dictamen judicial responde estructurando la operatoria criminal en lo que la fiscalía definió formalmente como las tres etapas del circuito de lavado de dinero:

• Primera etapa (Creación y fondeo): Se constituyó formalmente la sociedad anónima Los Sauces, logrando su integración patrimonial inicial gracias a la asistencia financiera indispensable de Lázaro Báez, quien en paralelo era erigido en el contratista vial hegemónico de la provincia de Santa Cruz.
• Segunda etapa (Inyección y cautiverio comercial): Para garantizar la liquidez permanente sin depender del mercado inmobiliario abierto, se estructuró un sistema con dos inquilinos privilegiados: el propio Báez y el empresario Cristóbal López. Juntos representaron más del 88% de la facturación global de la inmobiliaria mediante contratos de locación suscriptos sin la más mínima exigencia de garantías reales.
• Tercera etapa (Extracción y usufructo final): La fase culminante consistió en la sustracción material de las sumas blanqueadas a favor de los integrantes de la sociedad, mediante retiros continuos no respaldados y confusión deliberada de patrimonios.

La acusación técnica remarca que este esquema no fue un emprendimiento comercial tradicional sometido a los riesgos de la oferta y la demanda, sino una estructura cerrada orientada al retorno garantizado de capitales.

Extracciones millonarias y contratos sin garantías reales

Uno de los capítulos más contundentes del requerimiento acusatorio lleva como subtítulo "La extracción del dinero del lavado por parte de la familia Kirchner". En este tramo pericial, los acusadores acreditan que la expresidenta y su hijo, el actual diputado Máximo Kirchner, se apoderaron de manera directa de los dividendos generados por los alquileres simulados.

Entre los registros contables auditados se identificaron retiros directos por una cifra acumulada de 10,6 millones de pesos. Si bien dicha cifra nominal a valores actuales puede parecer menor por efecto de la devaluación monetaria, los peritos destacan que las operaciones se ejecutaron en el período comprendido entre 2006 y 2013, representando sumas equivalentes a millones de dólares al tipo de cambio de aquellos períodos fiscales.

Los contratos suscritos con las empresas de Báez y López presentaban anomalías evidentes que fueron remarcadas durante la audiencia:

• Inmuebles innecesarios y desocupados: Se verificó el pago continuado de alquileres mensuales por propiedades en Puerto Madero, Río Gallegos y campos que los inquilinos jamás llegaron a ocupar, visitar ni explotar comercialmente.
• Inexistencia de garantías: Las locaciones se formalizaban sin los requisitos elementales del derecho civil y comercial, omitiendo seguros de caución o avalistas, ya que el flujo de pagos no dependía de la relación locativa sino del acuerdo de retornos.
• Compras compulsivas: En apenas tres años, la inmobiliaria adquirió inmuebles urbanos y residenciales en localidades balnearias como Pinamar con la única finalidad de colocar los excedentes de efectivo inyectados por los contratistas.

Las pericias concluyen que las operaciones carecían de documentación respaldatoria fidedigna y contaban con asientos contables adulterados, circunstancia que ya había sido reconocida judicialmente por el propio excontador de la familia, Víctor Manzanares.

El rol de Máximo Kirchner y la confusión patrimonial

A diferencia del trámite procesal de la causa Vialidad, donde la estrategia defensiva se concentró en alegar que la jefatura de Estado no firmaba actos administrativos directos de adjudicación en favor de Báez, en el expediente Los Sauces los vínculos aparecen documentados de puño y letra. La acusación coloca a Máximo Kirchner en una posición protagónica como director de la firma, accionista mayoritario y apoderado general de sus padres.

La fiscalía documentó reuniones directas, firmas de cheques cruzados y acuerdos locativos bilaterales entre Máximo Kirchner y Martín Báez —hijo del empresario y también imputado en el banquillo de los acusados junto a su hermana Luciana Báez—. Los retiros de dinero eran justificados bajo el concepto contable de honorarios directores, pero los análisis bancarios revelan un circuito cerrado de préstamos personales a la propia compañía que luego eran cancelados con los fondos girados por los inquilinos.

Asimismo, la acusación judicial enfatiza la existencia de una deliberada confusión patrimonial en dos activos emblemáticos:

• San José 1111: Departamento ubicado en el barrio porteño de Constitución, registrado a nombre de la firma Los Sauces y utilizado sin contraprestación locativa por el grupo familiar, actualmente sede del cumplimiento de arresto de la exmandataria.
• Mascarello 441: La residencia particular en la ciudad de Río Gallegos, declarada bajo titularidad societaria pero habitada permanentemente como vivienda privada sin registrar ingresos por alquiler a las cuentas de la firma.

Este cruce de titularidades refuerza la tesis acusatoria de que la persona jurídica era una mera pantalla instrumental para incorporar activos de origen ilícito al uso y goce personal de sus directivos.

El horizonte procesal: audiencias y decomisos

El calendario judicial para los tribunales orales federales prevé la continuidad de dos audiencias semanales para el expediente unificado de Los Sauces y Hotesur, intercaladas con las jornadas de debate de la causa Cuadernos de las Coimas. El avance simultáneo de estos procesos coloca bajo escrutinio la totalidad de la matriz de negocios compartidos entre la administración pública y el empresariado afín durante más de una década.

En paralelo a las definiciones sobre las responsabilidades penales individuales, la atención de las partes se encuentra puesta en la ejecución de los decomisos ya ratificados en sentencias previas. La Corte Suprema de Justicia mantiene bajo análisis la primera tanda de 111 bienes sujetos a remate público para resarcir al erario público, dentro de los cuales se incluyen 20 propiedades registradas a nombre de los imputados.

Con la lectura completa de los cargos y la incorporación formal de la prueba contable, el proceso ingresa en una etapa de alta tensión jurídica donde las constancias bancarias, los libros contables y las firmas de los contratos se convertirán en el eje central de las declaraciones testimoniales y los alegatos finales.