La justicia federal descartó la denuncia de Báez contra un juez del tribunal que lo condenó, señalando la inexistencia de delito y reactivando la discusión pública sobre el trato a los detenidos por corrupción y las decisiones judiciales en causas emblemáticas.
Un nuevo capítulo judicial en la Ruta del dinero K
El expediente de la Ruta del dinero K sumó otro episodio: el juez federal Julián Ercolini desestimó la denuncia que la nueva defensa legal de Lázaro Báez había presentado contra Néstor Costabel, presidente del Tribunal Oral Federal N° 4 (TOF 4). Báez —empresario condenado por lavado de dinero y corrupción en el manejo de fondos públicos junto a Austral Construcciones— argumentó haber sufrido restricciones para la visita de sus abogados en el penal de Río Gallegos, lo que, según su defensa, violaba derechos fundamentales.
Orígenes de la denuncia y análisis fiscal
El recurso judicial surge el 13 de octubre, cuando los abogados Yanina y Lucas Nicoletti presentaron dos denuncias afirmando impedimentos “injustificados” en la Unidad Penitenciaria Federal N° 15. Detallaron que colaboradores de su estudio no pudieron ingresar y que esto obstaculizaba el derecho de defensa técnica. No obstante, el fiscal Carlos Stornelli evaluó que los hechos relatados no se encuadraban en las figuras penales de abuso de autoridad o incumplimiento de deberes de funcionario público. La cuestión, explicó, quedó “subsanada” cuando finalmente la defensa pudo acceder al penal por intervención de otro tribunal.
- El abuso de autoridad implica uso indebido de la función pública y afectación deliberada de derechos, situación que no se verificó, concluyó Stornelli.
- El tema fue interpretado por la fiscalía como un malentendido administrativo y no como una represalia personal contra Báez.
- El juez Ercolini archivó la causa al confirmar la inexistencia de delito y la restitución del derecho de defensa.
Estado de las causas y condición penitenciaria de Báez
Báez cumple una condena unificada de 15 años por “Vialidad” y “Ruta del dinero K”, actualmente en el penal de Ezeiza, tras el rechazo a su pedido de prisión domiciliaria por motivos de salud. Su defensa alegó múltiples problemas físicos, incluyendo EPOC, hipertensión, arritmia, entre otros. Además, Báez recibió otra condena aún no firme vinculada a apropiación indebida de aportes laborales.
- Su equipo legal fue recientemente renovado, tras años de patrocinio por Juan Martín Villanueva.
- El incidente reflejó el clima de tensión y desconfianza entre imputados y algunos integrantes del Poder Judicial.
- La resolución judicial podría ser apelada, aunque los antecedentes no favorecen a Báez en temas de trato carcelario y beneficios extraordinarios.
Debate público y garantías en grandes causas judiciales
El caso reactiva la discusión sobre los límites y garantías del sistema penitenciario frente a condenas por corrupción de alto perfil. Organizaciones civiles y actores políticos debaten la equidad y rigurosidad de los procesos, la transparencia de las resoluciones judiciales y la legitimidad de las denuncias cruzadas entre detenidos y magistrados. En un contexto de fuerte polarización, estos expedientes reinciden en la agenda pública y avivan el debate sobre calidad institucional y Estado de derecho.
- Especialistas ponen el foco en la necesidad de asegurar defensa técnica sin favoritismos ni obstáculos a los acusados.
- El caso Báez se examina como prueba de las tensiones entre el rigor judicial y el respeto de garantías individuales incluso ante delitos graves.
