Lectura exprés

• ¿Qué está sucediendo? Se registra un preocupante aumento de falsas amenazas de bomba y tiroteos en instituciones educativas, inicialmente tomadas como bromas.
• ¿Quién es el referente consultado? El abogado penalista Juan Pablo Fioribello, quien detalló el marco legal vigente ante estos episodios.
• ¿Qué delito se configura legalmente? Estas acciones se encuadran bajo el delito de intimidación pública y amenazas, afectando la tranquilidad social.
• ¿Quiénes enfrentan cargos penales? Los alumnos mayores de 16 años pueden ser imputados; los menores de esa edad son inimputables penalmente.
• ¿Cómo afecta a los padres de los menores? Son civilmente responsables y deben costear los operativos de seguridad (policía, bomberos, explosivos).
• ¿Qué sucede ante la falta de pago? El Estado puede proceder al embargo de sueldos o bienes, e incluso a la inhibición general de los progenitores.
• ¿Existen sanciones institucionales? Sí, los colegios están aplicando medidas severas como la expulsión inmediata de los alumnos involucrados.

En una entrevista exclusiva con el periodista Antonio Laje, el reconocido abogado penalista Juan Pablo Fioribello puso el foco en una problemática que mantiene en vilo a la comunidad educativa y a las autoridades de seguridad: la proliferación de falsas amenazas en colegios. Lo que en muchos casos se inicia como una supuesta "travesura" adolescente, hoy se ha transformado en un delito de intimidación pública que conlleva severas repercusiones tanto en el ámbito penal como en el civil y comercial.

El impacto en los recursos del Estado

Fioribello destacó que estas amenazas, ya sean telefónicas al 911 o mediante pintadas en las paredes de las instituciones, disparan protocolos de emergencia inmediatos. "Esto de broma no tiene nada; es un delito liso y llano que genera un dispendio jurisdiccional de recursos enorme", afirmó el letrado. Cada amenaza obliga a la movilización de:

• Brigadas de explosivos y bomberos.
• Personal policial uniformado y brigadas de investigaciones.
• Cortes de tránsito y evacuación de alumnos y personal docente.
• Intervención de juzgados de turno.

Este despliegue implica un costo operativo altísimo para las arcas públicas de la Ciudad de Buenos Aires y las provincias, afectando servicios que deberían estar destinados a emergencias reales.

Responsabilidad penal: ¿Quiénes pueden ir a juicio?

El abogado aclaró la diferenciación legal según la edad de los autores. En la República Argentina, la ley establece límites claros sobre la imputabilidad:

• Menores de 16 años: Son considerados inimputables. No cargan con una condena penal directa, ya que la responsabilidad no se traslada a los padres en este fuero.
• Mayores de 16 años: Alumnos de 4to o 5to año que realicen estas amenazas pueden ser imputados formalmente por el delito de intimidación pública.

Recientemente, se conoció un caso en la Ciudad de Buenos Aires donde un estudiante ya ha sido imputado, marcando un precedente sobre la firmeza con la que la justicia comenzará a actuar ante estos hechos.

La "muerte civil" de los padres: Sanciones económicas y embargos

Si bien la responsabilidad penal es personal, la responsabilidad civil recae de manera solidaria sobre los padres o tutores de los menores. Fioribello advirtió que el Estado está decidido a perseguir el cobro de los operativos de seguridad. "Si los padres no pagan, el gobierno los va a embargar; y si no tienen bienes, los va a inhibir", sentenció.

La inhibición general de bienes es descrita por el abogado como una suerte de "muerte civil y comercial", donde la persona queda imposibilitada de comprar o vender cualquier tipo de bien registrado a su nombre. Esta medida busca concienciar a las familias sobre la gravedad de las acciones de sus hijos.

Expulsión y consecuencias escolares

En el ámbito institucional, los colegios también están tomando medidas drásticas. Fioribello relató un caso reciente en un colegio del barrio de Núñez, donde un alumno de segundo año (13 años) realizó una amenaza. La institución decidió su expulsión inmediata.

"El colegio decidió expulsarlo a modo de ejemplo; el alumno quedó libre y tendrá que rendir todas las materias a fin de año", detalló. Esta sanción directa busca erradicar la presencia de "inadaptados" que alteren el normal funcionamiento de las aulas y la tranquilidad de los barrios.

Armas reales vs. Réplicas: El agravante legal

Durante la entrevista, se analizó el caso de menores que concurren con armas de juguete o réplicas. Aunque la Ley Nacional de Armas (24.291) no considera a las réplicas de balines o aire comprimido como armas de fuego, Fioribello explicó que funcionan como un agravante en la intimidación pública. "La persona que es amenazada no sabe si el arma es real, si está cargada o si es de fogueo; el impacto psicológico y la alarma generada son los mismos", subrayó.

El rol fundamental de la familia

Finalmente, se hizo un llamado urgente a la concientización familiar. El abogado instó a los padres a dialogar con sus hijos sobre las consecuencias de estos actos. Lo que los jóvenes perciben como una forma de evitar un examen o pasar un momento divertido, termina destruyendo su historial escolar y comprometiendo el patrimonio de su familia.

La justicia y el Ministerio de Seguridad continúan utilizando tecnologías de trazabilidad para rastrear las llamadas al 911, las cuales hoy son detectables en tiempo récord, eliminando cualquier rastro de anonimato para los autores de estas falsas alertas.