La Justicia federal procesó a José Luis Espert por presunto lavado de dinero, le prohibió salir del país y trabó un embargo de 1.000 millones de pesos por fondos ligados al empresario Fred Machado.

En un fallo judicial de alto impacto para el tablero político nacional, el Juzgado Federal de San Isidro resolvió dictar el procesamiento de José Luis Espert en el marco de una causa penal por presunto lavado de dinero. La resolución dictada por el juez federal Lino Mirabelli se adoptó sin prisión preventiva, pero fijó severas medidas cautelares restrictivas, entre las que sobresalen la prohibición de salir del país y un embargo récord fijado en 1.000 millones de pesos sobre el patrimonio del economista y exlegislador.

La investigación encabezada por el fiscal federal Fernando Domínguez apunta al esclarecimiento del origen y la justificación patrimonial de una suma acreditada de al menos 200.000 dólares. De acuerdo con el expediente, estos fondos provendrían directamente del esquema financiero estructurado por el empresario y financista Federico "Fred" Machado, quien actualmente se encuentra privado de su libertad y condenado en los Estados Unidos tras declararse culpable en tribunales norteamericanos por cargos de conspiración para cometer fraude y lavado de activos a escala internacional.

Los vínculos con Fred Machado y el financiamiento de la campaña

Los lazos comerciales y logísticos entre Espert y Machado se remontan a la campaña presidencial de 2019, período en el cual el financista desplegó un soporte operativo de gran envergadura a favor del dirigente liberal. Las pruebas acumuladas en el juzgado determinaron que el nexo no se limitó a transferencias bancarias directas, sino que abarcó una infraestructura de traslado y seguridad de costo millonario.

Entre los aportes logísticos relevados por el Ministerio Público Fiscal durante aquella contienda electoral se identificaron los siguientes puntos centrales:

• Flota aérea privada: La facilitación sistemática de una aeronave ejecutiva que realizó más de 30 vuelos para el traslado de Espert y sus colaboradores por distintos distritos del interior del país.
• Unidades de traslado blindadas: La cesión de una camioneta especialmente acondicionada con blindaje de alta seguridad para la movilidad cotidiana del candidato.
• Eventos editoriales y actos: El financiamiento y la cobertura de costos logísticos para la organización y presentación pública de publicaciones bibliográficas del economista.

El contrato simulado con la minera de Guatemala

Uno de los ejes más controvertidos de la resolución judicial radica en la maniobra que el exdiputado intentó esgrimir para fundamentar la procedencia legítima de los 200.000 dólares recibidos. En su descargo, la defensa de Espert alegó que el dinero respondía a honorarios profesionales devengados en concepto de un contrato de asesoramiento macroeconómico celebrado con la firma Minas del Pueblo, una compañía minera radicada formalmente en Guatemala.

Sin embargo, la pesquisa instruida por la Fiscalía derribó por completo esa justificación al constatar inconsistencias probatorias insalvables:

• Inactividad operativa real: Los informes periciales y exhortos diplomáticos comprobaron que la minera extranjera no registraba faena activa ni operatividad comercial real al momento de los desembolsos.
• Falta de registros migratorios: Se acreditó de manera fehaciente que Espert nunca viajó a Guatemala para prestar los servicios técnicos que pretendía justificar en la documentación contractual.
• Maniobra de simulación: El magistrado interviniente concluyó que el instrumento legal constituyó un contrato puramente simulado, armado como pantalla para dotar de apariencia lícita a divisas de origen espurio.

Destino de los fondos: vehículos de alta gama y fideicomisos

A partir del análisis técnico sobre la ruta del dinero y los movimientos bancarios, la Fiscalía logró reconstruir los desembolsos patrimoniales ejecutados con posterioridad a la acreditación de las divisas. El magistrado consideró probado que los montos bajo sospecha no tuvieron un destino corporativo ni operativo transparente, sino que se volcaron a consumos personales suntuarios y adquisiciones patrimoniales directas.

El cuadro de adquisiciones e inversiones detectadas comprende:

• Automotores de lujo: La compra de vehículos importados de alta gama, entre los que destaca un automóvil marca Lexus cotizado en 130.000 dólares, además de rodados de la automotriz BMW.
• Desarrollos inmobiliarios: La colocación e inyección de sumas líquidas para adquirir participaciones dentro de un fideicomiso radicado en el exclusivo barrio cerrado Costa Esmeralda, en la costa bonaerense.

Contador procesado y embargos a la firma familiar

El dictamen del juez Mirabelli no recayó de forma solitaria sobre el dirigente. La resolución judicial avanzó de manera simultánea contra la estructura contable que operativizó los asientos administrativos y las declaraciones juradas del andamiaje financiero.

En ese sentido, la Justicia procesó formalmente como partícipe necesario al contador Mariano Cosentino, a quien se le fijó un embargo personal sobre sus bienes por la suma de 700 millones de pesos. Asimismo, el tribunal extendió las medidas coercitivas sobre el plano societario al trabar una medida cautelar por 500 millones de pesos contra la empresa familiar Varianza Sociedad Anónima, vehículo comercial involucrado en las operaciones bancarias bajo sospecha.

El origen del expediente se remonta a la denuncia formal promovida por el dirigente Juan Grabois en octubre de 2025, presentación que en aquel momento provocó un fuerte cimbronazo institucional y culminó con la renuncia intempestiva de Espert a su postulación electoral en la provincia de Buenos Aires. Con este procesamiento en firme, la causa ingresa en una etapa determinante hacia la elevación a juicio oral.