Una funcionaria judicial bonaerense y financistas lideraban una organización que movió $27.000 millones del juego clandestino abriendo billeteras virtuales mediante falsos escaneos y robo de identidad en La Plata.
Lectura exprés
- ¿Qué sucedió?
Se desarticuló una organización ilícita que lavó más de $27.000 millones mediante la apertura masiva y no consentida de billeteras virtuales a nombre de terceros. - ¿Quiénes son los protagonistas?
La principal acusada es Albertina Marchín (44), exsecretaria de fiscalía y funcionaria de enlace, junto al financista Ignacio Leonel Marchioni y un operador de cuentas de apellido Perrone. - ¿Dónde y cómo operaban?
En oficinas vinculadas al Patronato de Liberados en La Plata, donde engañaban a procesados y familiares prometiéndoles $80.000 por un supuesto "escaneo ocular" para robarles fotos biométricas y DNI. - ¿De dónde provenía el dinero blanqueado?
Los fondos ilícitos provenían principalmente de circuitos de apuestas y juego clandestino a gran escala. - ¿Cuál era el mecanismo financiero?
Empleaban la maniobra de "pitufeo" (fraccionamiento), dispersando montos millonarios en cientos de cuentas digitales paralelas administradas remotamente. - ¿Cómo se descubrió la maniobra?
A raíz de la denuncia de una trabajadora de limpieza a quien le retuvieron parte de la suma prometida tras captar sus datos para abrir múltiples cuentas. - ¿Cuál es la situación procesal actual?
Los involucrados permanecen detenidos e imputados por asociación ilícita, estafas reiteradas y maniobras de lavado de activos agravado.
El fraude del falso escaneo biométrico
Una exhaustiva investigación judicial logró desarticular una sofisticada y lucrativa estructura delictiva dedicada al lavado de dinero y al robo de identidad digital. La maniobra, que involucra a exfuncionarios judiciales y operadores financieros, movilizó una cifra estimada en $27.000 millones de pesos a través del sistema financiero digital argentino, valiéndose de la necesidad económica de cientos de personas en situación de vulnerabilidad.
El esquema operaba bajo una fachada engañosa que simulaba campañas masivas de verificación ocular. A las víctimas se les ofrecía una retribución económica fija de $80.000 pesos a cambio de someterse a lo que presentaban como un "escaneo de iris". Sin embargo, el procedimiento técnico real consistía en captar registros biométricos faciales en alta definición (movimientos de cabeza, apertura ocular, giros de perfil) y fotografías de anverso y reverso del Documento Nacional de Identidad (DNI).
Con este material visual y documental, los cabecillas de la red vulneraban los protocolos de validación de identidad (KYC, por sus siglas en inglés) exigidos por diversas plataformas de billeteras virtuales y entidades fintech, creando cuentas corrientes y cajas de ahorro electrónicas a espaldas de los titulares legítimos.
El aprovechamiento institucional dentro del Patronato de Liberados
El punto neurálgico de la captación de datos no se encontraba en la vía pública, sino en dependencias estatales. La principal acusada en la causa fue identificada como Albertina Marchín, una abogada de 44 años que desempeñó funciones jerárquicas en el Poder Judicial bonaerense, habiendo sido previamente secretaria letrada en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 1 del Departamento Judicial de La Plata.
Al momento de los hechos investigados, la imputada cumplía funciones en una oficina de enlace y coordinación institucional entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, el Patronato de Liberados y la Fiscalía General. Esta posición estratégica le otorgaba acceso irrestricto a legajos personales, bases de datos y padrones de ciudadanos bajo tutela judicial, personas que no habían purgado penas en establecimientos carcelarios cerrados y familiares directos de detenidos.
Aprovechando la asimetría de poder y las urgencias económicas de quienes acudían a regularizar su situación socioambiental o laboral, se organizaban convocatorias donde se formaban extensas filas en las oficinas públicas. Los requisitos informales exigidos por la banda eran precisos:
- Perfil crediticio limpio: Ciudadanos sin antecedentes negativos en los registros de ARCA/AFIP ni deudas en la central de deudores del Banco Central.
- Capacidad de bancarización: Personas sin historial de inhibiciones judiciales que pudieran alertar a los sistemas de compliance bancario.
- Vulnerabilidad informativa: Usuarios con escasa alfabetización digital que desconocían los riesgos de entregar sus patrones biométricos.
Estructura criminal: administración remota y financiamiento clandestino
Una vez capturada la identidad digital, el control de las cuentas bancarias y billeteras virtuales pasaba a una segunda célula operativa encargada de la administración informática. Los investigadores establecieron que las líneas telefónicas celulares y las casillas de correo electrónico asociadas a cada nueva cuenta eran configuradas y controladas por un operador de apellido Perrone, quien fue aprehendido en la ciudad de Mar del Plata y posteriormente trasladado a los tribunales de La Plata.
Este engranaje aseguraba que las notificaciones de transferencias, alertas de seguridad, códigos de doble factor de autenticación (2FA) y solicitudes de préstamos preaprobados nunca llegaran a las víctimas, permitiendo a los administradores manipular libremente los saldos disponibles las 24 horas del día.
En el extremo superior de la pirámide delictiva, la Justicia identificó y ordenó la detención del financista Ignacio Leonel Marchioni, presuntamente vinculado a circuitos de inversión extraoficiales y a la firma financiera Sur Finanzas. De acuerdo con las pesquisas, Marchioni cumplía el rol de suministrar los volúmenes de dinero líquido e inyectar capitales espurios originados principalmente en:
- Juegos de azar clandestinos: Circuitos paralelos de apuestas y quiniela no regulada.
- Casinos virtuales ilegales: Plataformas de juego en línea sin licencia provincial ni nacional.
- Circuitos informales de crédito: Fondos derivados de mesas de dinero no autorizadas.
La técnica del "pitufeo" para burlar los controles antilavado
Para introducir sumas que globalmente alcanzaron los $27.000 millones de pesos sin disparar los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) ante la Unidad de Información Financiera (UIF), la organización recurrió de forma sistemática a la técnica conocida internacionalmente como "smurfing" o pitufeo.
Este procedimiento consiste en fragmentar depósitos millonarios en miles de microtransferencias de bajo monto distribuidas simultáneamente en cientos de cuentas puente. Al no superar los umbrales automáticos de control fiscal y financiero, el dinero recorría múltiples capas de transferencias cruzadas hasta converger finalmente en cuentas corporativas o inversiones blanqueadas dentro del circuito comercial formal.
El detonante: una denuncia por pago incompleto
El desmoronamiento de la organización comenzó de manera imprevista a partir del reclamo de una empleada del sector de limpieza de las propias dependencias judiciales. La mujer había accedido a la toma de sus datos biométricos bajo la promesa del pago de $80.000 pesos, pero al término del procedimiento solo recibió $40.000 en mano.
Al regresar a exigir el saldo adeudado, los operadores volvieron a registrar sus datos faciales y procedieron a la apertura de dos cuentas virtuales adicionales. Frente a las irregularidades observadas y las evasivas recibidas, la damnificada radicó una denuncia penal formal que derivó en la intervención de la Policía Federal Argentina (PFA) y de las fiscalías especializadas en ciberdelitos y delitos complejos.
Los allanamientos posteriores permitieron el secuestro de abundante material probatorio, terminales móviles, registros fotográficos y documentación que acreditó la magnitud del esquema de defraudación.
