La intervención del Banco Central a una de las mayores entidades financieras dejó a tres millones de usuarios sin acceso a su dinero, desatando disturbios callejeros, renuncias y graves acusaciones políticas al Ejecutivo.
Lectura exprés
- ¿Qué sucedió?
El Banco Central del Paraguay intervino e inició la disolución forzosa de la entidad Ueno Bank tras un desplome irreversible de su solvencia patrimonial. - ¿Quiénes están involucrados?
Alrededor de 3 millones de depositantes, 8 altos directivos bancarios arrestados, el presidente Santiago Peña y las máximas autoridades del Banco Central. - ¿Cuándo ocurrió?
Durante la primera semana de noviembre de 2026, con masivas protestas e incidentes frente al Congreso Nacional en Asunción. - ¿Dónde fue?
En Asunción y con réplicas operativas en sucursales a lo largo de todo el territorio de la República del Paraguay. - ¿Cómo se produjo el colapso?
A través de maniobras de presunto fraude, abuso de confianza y otorgamiento irregular de créditos a firmas comerciales vinculadas directamente a los accionistas del banco. - ¿Por qué es importante?
Congeló la operatividad diaria de la mitad de la población paraguaya y compromete fondos estatales clave como el Instituto de Previsión Social (IPS). - ¿Qué consecuencias e investigación hay?
Renunció el titular del Banco Central, la Fiscalía imputó a la cúpula ejecutiva y el Gobierno busca aprobar una ley de urgencia para restituir fondos al 98% de los damnificados.
Una sacudida institucional y económica sin precedentes recientes atraviesa a la República del Paraguay tras confirmarse la caída y posterior proceso de resolución de Ueno Bank, una de las firmas bancarias y digitales de mayor penetración en el mercado guaraní. La decisión del Banco Central del Paraguay (BCP) de tomar el control operativo directo de la compañía provocó la paralización total de transferencias electrónicas, pagos con tarjetas de débito y crédito, y extracciones en cajeros automáticos, empujando a miles de ciudadanos a las calles en medio de un clima de extrema crispación social.
El impacto directo de la medida alcanza a cerca de 3 millones de clientes en todo el territorio paraguayo, un volumen equivalente a casi la mitad de los habitantes del país. El congelamiento inmediato de las cuentas bancarias generó un colapso en el circuito comercial y en la economía de subsistencia de pequeños comerciantes, asalariados y jubilados, quienes de un momento a otro se vieron imposibilitados de disponer de sus recursos más básicos para afrontar gastos diarios y alimentación.
Furia en las calles de Asunción e incidentes frente al Congreso
La indignación pública escaló con rapidez en el centro cívico de la capital paraguaya. Miles de ahorristas damnificados, trabajadores autoconvocados y miembros de organizaciones civiles marcharon de forma masiva hacia la sede del Congreso Nacional exigiendo garantías inmediatas sobre sus depósitos y repudiando lo que calificaron como una estafa financiera con complicidad institucional.
Durante la jornada de protestas se registraron duros enfrentamientos entre manifestantes y los cordones montados por la Policía Nacional. Vallas perimetrales fueron derribadas mientras los agentes recurrían a gases lacrimógenos y carros hidrantes para dispersar a la multitud enardecida. Los testimonios recogidos en el epicentro de los disturbios reflejan una profunda sensación de desamparo:
- Paralización de la cadena de pagos: Comercios de todo el país suspendieron las operaciones con terminales POS vinculadas a la entidad caída.
- Vulnerabilidad de jubilados: Cientos de adultos mayores denunciaron haber quedado sin dinero en efectivo tras el cierre repentino de las aplicaciones digitales.
- Reclamos de intervención judicial: Exigencias al Poder Judicial para que se inhiban bienes personales de los accionistas y directivos involucrados.
Desplome de solvencia y créditos a firmas vinculadas
La intervención regulatoria se precipitó cuando las auditorías técnicas del Banco Central del Paraguay constataron que el índice de solvencia patrimonial de la entidad financiera se había desplomado por debajo de la mitad del mínimo exigido por el marco normativo vigente. Esta situación tornaba inviable la continuidad operativa del banco bajo los esquemas convencionales de asistencia crediticia.
Las primeras pericias contables e informes del Ministerio Público Fiscal apuntan a maniobras tipificadas preliminarmente como presunto fraude y abuso de confianza. Entre las irregularidades detectadas sobresale la concesión de multimillonarios paquetes crediticios a empresas y sociedades anónimas que pertenecían a los mismos propietarios y directores de la entidad bancaria, esquivando las normativas prudenciales de concentración de riesgo crediticio.
Ocho ejecutivos detenidos y renuncia en la autoridad monetaria
En el marco de la causa penal abierta para determinar las responsabilidades del desfalco, la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos ordenó la detención de ocho altos directivos y ejecutivos del banco. Los sospechosos fueron trasladados a dependencias policiales de Asunción y posteriormente conducidos a los estrados judiciales bajo estrictas medidas de seguridad, esposados, con chalecos antibalas y custodia reforzada para prestar declaración indagatoria.
El sismo institucional impactó de lleno en los despachos oficiales. En medio del descontento generalizado y los cuestionamientos sobre las demoras en las tareas de supervisión bancaria, el presidente del Banco Central del Paraguay presentó su renuncia indeclinable al cargo. La salida de la máxima autoridad monetaria profundizó la incertidumbre sobre la capacidad real de los organismos de control del Estado para detectar anomalías antes de la insolvencia terminal.
Riesgo para los fondos previsionales del IPS
Uno de los costados más sensibles y controversiales de la crisis radica en el alcance del dinero institucional comprometido. El Instituto de Previsión Social (IPS), entidad estatal encargada de administrar las jubilaciones y la cobertura de salud de los trabajadores formales en Paraguay, mantenía millonarios depósitos colocados en la entidad disuelta. A esto se suman colocaciones financieras de la empresa estatal de electricidad ANDE e incluso de organismos deportivos internacionales como la CONMEBOL.
Los sectores sindicales y gremios de pensionados expresaron su alarma ante la posibilidad de que una porción considerable de la reserva técnica jubilatoria quede atrapada en el proceso de liquidación patrimonial, alertando sobre el riesgo que esto representa para la estabilidad del sistema previsional paraguayo a mediano y largo plazo.
Respuesta de Santiago Peña y debate por la ley de salvataje
Ante la escalada de la crisis social, el presidente Santiago Peña brindó un mensaje a la ciudadanía donde intentó transmitir serenidad institucional, asegurando que el sistema financiero paraguayo en su conjunto mantiene fundamentos sólidos y que ningún responsable de irregularidades quedará exento del peso de la ley. Sin embargo, la figura del mandatario quedó en el centro de los cuestionamientos de la oposición parlamentaria debido a presuntos vínculos comerciales previos entre miembros del oficialismo y los grupos empresariales vinculados al banco.
En paralelo, el Poder Ejecutivo elevó a las dos cámaras del Congreso Nacional un proyecto de ley de tratamiento urgente destinado a acelerar los pagos y la restitución de haberes. Según las proyecciones anunciadas desde el Palacio de Gobierno, el mecanismo legal busca establecer un fondo de garantía extraordinario para cubrir y restituir la totalidad de los fondos al 98% de los ahorristas particulares más pequeños durante los días inmediatos posteriores a su promulgación.
