Una exhaustiva reconstrucción jurídica revela la operatoria de lavado mediante préstamos cruzados, desvío de fondos previsionales y maniobras “evergreen” que precipitaron la crisis del sistema bancario y comprometen a altas esferas del poder. Explicación del abogado Carlos Abdala.

El origen de los narcocréditos: del circuito informal a la cima financiera

La investigación que sacude los cimientos institucionales y económicos de Paraguay desnudó un minucioso mecanismo de reciclaje de activos ilícitos estructurado a lo largo de los últimos cinco años. Lejos de tratarse de transacciones marginales, el entramado se originó a través de un circuito de empresas financieras administradas por operadores estrechamente vinculados entre sí. En diciembre de 2021 se detectaron las primeras operaciones de gran calibre: préstamos por más de 2,5 millones de dólares canalizados hacia sociedades afines, cuyo único objetivo real era fondear a las mismas entidades para blanquear capitales originados en el narcotráfico internacional.

Mediante esta arquitectura contable, el dinero sucio reingresaba al flujo legal transformado en supuestas utilidades operativas y rentabilidades de inversión. Quienes manejaban estas firmas comenzaron a posicionarse públicamente en foros empresariales y conferencias de negocios como destacados analistas del mercado y estrategas del crédito, legitimando ante la opinión pública y los entes de control un crecimiento patrimonial vertiginoso que carecía de respaldo genuino en la economía real.

La mutación bancaria y la inyección de 850 millones de dólares

El punto de inflexión operativo y cualitativo se produjo en diciembre de 2023, cuando un socio directo y aliado clave de este grupo financiero asumió la presidencia de la República. A partir de esa consagración institucional, la entidad crediticia mutó de una estructura secundaria a un banco de primer piso con expansión arrolladora en el mercado minorista: Ueno Bank.

A pocos meses del cambio de administración estatal, la entidad financiera canalizó colocaciones por un monto récord que trepó a los 850 millones de dólares. No obstante, las pesquisas judiciales revelaron que una porción sustancial de ese volumen de liquidez no provenía de una expansión genuina de la cartera de depósitos corporativos, sino del desvío y captación de fondos de las cajas de jubilaciones de los trabajadores paraguayos. El dinero previsional comenzó a ser utilizado para fondear operaciones de alto riesgo crediticio, exponiendo el ahorro de cientos de miles de beneficiarios a maniobras de lavado con firmas pantalla y contrataciones ficticias.

La técnica "Evergreen": cómo ocultaron el exceso de límites regulatorios

La celeridad y la ambición con que se ejecutaban las operaciones terminaron provocando las primeras alertas formales en el órgano de supervisión monetaria. El Banco Central del Paraguay (BCP) advirtió que la institución había superado con creces los límites normativos que regulan el otorgamiento de créditos a empresas vinculadas a los propios accionistas y directivos de la entidad, un parámetro diseñado específicamente para evitar fraudes internos y auto-préstamos.

Frente a la intimación formal del Banco Central para que regularizara la cartera de préstamos, la cúpula financiera resolvió no frenar las operaciones, sino profundizar el encubrimiento a través de un esquema conocido en la jerga financiera como operatoria "Evergreen":

• Créditos a terceras sociedades: El banco emitía líneas millonarias de crédito a favor de empresas formalmente "no vinculadas" o creadas mediante prestanombres.
• Triangulación de liquidez: Estas firmas pantalla transferían inmediatamente los recursos hacia las sociedades madre vinculadas al circuito de lavado.
• Cancelación simulada: Con el dinero recién inyectado, se adquirían y cancelaban los créditos en exceso cuestionados por el BCP, dando la apariencia externa de cumplimiento contable.
• Perpetuación de la deuda: La maniobra permitía mantener activas las líneas de lavado sin reducir la exposición de riesgo ni devolver efectivamente el capital prestado.

Aunque los narcocréditos se liquidaban puntualmente en las planillas internas, las astronómicas cifras recibidas por firmas carentes de actividad comercial real generaron alertas rojas automáticas en las áreas de prevención de lavado de activos y control de riesgo crediticio.

La revelación del memorándum interno y la caída del castillo de naipes

La tensión se tornó insostenible en los departamentos técnicos de auditoría. Un funcionario interno de la entidad, al detectar que resultaba materialmente imposible ejecutar garantías o exigir la cobranza forzosa a empresas fantasma en caso de incumplimiento, comenzó a elevar consultas y pedidos de informes sobre los beneficiarios finales de las carteras. Como represalia inmediata ante su negativa a rubricar las operaciones irregulares, las autoridades de la institución ordenaron su traslado disciplinario fuera de las áreas de control central.

Comprendiendo la gravedad de los delitos y temiendo por su integridad física ante el poder de fuego de las redes criminales involucradas, el auditor elaboró y filtró un memorándum confidencial en el que detallaba el modus operandi de los préstamos cruzados, los balances inflados y la utilización deliberada de fondos de jubilados para sostener el engranaje. La difusión del documento pulverizó la fachada de solvencia de la entidad, desató la corrida bancaria generalizada que concluyó con la intervención de la superintendencia y abrió un proceso judicial sin precedentes que hoy investiga el rol penal de los máximos directivos y sus protectores políticos.